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Revista Tráfico. Carreteras autonómicas. Castilla y León: en la variedad está el reto

El número correspondiente al mes de octubre de 1995 de la revista Tráfico continuaba con la serie de reportajes dedicados a las carreteras autonómicas con un informe sobre las carreteras de la Junta de Castilla y León. El contenido del mismo se puede consultar en el siguiente enlace.

Revista Tráfico, nº 110 (octubre de 1995). Carreteras autonómicas. Castilla y León: en la variedad está el reto

En 1980 la red estatal contaba con 15.288 km exentos de peaje en el territorio de Castilla y León, de los que 3.869 km se incluyeron en la RIGE, mientras que con la transferencia de competencias en materia de carreteras a la Junta de Castilla y León en 1984, el Gobierno regional asumió la titularidad de 11.337 km. Sin embargo, en 1989 se revirtió al Estado la titularidad, administración y gestión de las carreteras autonómicas correspondientes a los itinerarios de las actuales N-622, N-627 y N-631.

La primera Ley de Carreteras de la Comunidad de Castilla y León se aprobó en 1990. En ella se clasificaban las carreteras de titularidad autonómica:

  • Red regional básica: es la que sirve al tráfico de largo recorrido junto con la red estatal e incluye las vías con mayor intensidad de tráfico o función más importante en la estructuración y ordenación del territorio
  • Red regional complementaria: es la que sirve al tráfico de corto y medio recorrido uniendo los núcleos de población, directamente o a través de la red regional básica y las carreteras estatales

Posteriormente, el Plan Regional Sectorial de Carreteras 2002-2007 subdividió la red complementaria en dos categorías, con el objeto de adaptar la clasificación a las modificaciones que se habían producido en las carreteras autonómicas:

  • Red complementaria preferente: carreteras que conectan las cabeceras de comarca y los núcleos de más población entre sí y con la red principal
  • Red regional complementaria: carreteras que sirven al tráfico de corto recorrido, aunque con una función más general que la meramente local de las vías provinciales, dependientes de las Diputaciones

De igual manera, el Plan denomina red principal al conjunto constituido por las redes básica y complementaria preferente. No obstante, la Ley de Carreteras de Castilla y León de 2008 mantuvo misma clasificación definida en 1990.

En 1988 se modificó la denominación de las vías autonómicas que conservaban la nomenclatura de "nacional" para distinguirlas de las dependientes del Estado, así las carreteras N-525, N-601 y N-610 pasaron a denominarse CL-525, CL-601 y CL-610, respectivamente. Sin embargo, fue el Plan Regional Sectorial de Carreteras 2002-2007 el que definió una nueva denominación de las carreteras de la Junta de Castilla y León, estableciendo el símbolo "CL" para identificar las vías de la red básica y las letras de la provincia correspondiente para las que conforman la red complementaria. El número que sigue al símbolo de identificación consta de tres dígitos y se fijó manteniendo los criterios de sectores del Plan General de Obras Públicas de 1940 en la red básica y de la Orden Circular de 1961 sobre nomenclatura de las carreteras locales en la red complementaria.

Los estudios para la redacción del primer Plan Regional de Carreteras comenzaron en 1984 con la catalogación y clasificación de la red. En 1985 se presentó el Avance del Plan Regional de Carreteras, que preveía una inversión de 58.700 millones de pesetas de 1985, de los que 44.000 millones serían recursos propios de la Junta y el resto serían aportados por otras instituciones, como la CEE. Las actuaciones se distribuyeron en dos etapas: para la primera (1985-1989) se contemplaba una inversión de 27.815 millones de pesetas y para la segunda (1990-1994), 30.885 millones. Además, el Avance contenía, como programa reserva, una relación de actuaciones cuyo importe ascendía a 18.000 millones, no incluidas en los programas de actuación por limitaciones presupuestarias.

El Avance del Plan Regional de Carreteras consideraba cuatro programas:

  • Obras de vertebración regional y accesibilidad comarcal: obra nueva, variantes de población, acondicionamientos, obras de fábrica y supresión de pasos a nivel
  • Obras de mejora y reposición
  • Actuaciones en medio urbano: accesos y mejora de travesías
  • Conservación y explotación

En 1992 el Consejo de Gobierno de la Junta aprobó el Plan Regional de Carreteras con una inversión prevista de 280.000 millones de pesetas a lo largo de diez años, que podían incrementarse hasta quince en función de las disponibilidades presupuestarias futuras. El Plan estableció, en el marco legal definido por la Ley de Carreteras, una mejora en los parámetros técnicos y económicos respecto a los establecidos en el Avance y diferenció, dentro de la red básica, unos ejes principales de primer rango y de atención prioritaria, constituidos por los tramos con mayor volumen de tráfico, que soportan la mayor parte de la demanda de transporte regional.

Las actuaciones del Plan Regional se estructuraron en cuatro programas funcionales similares a los establecidos en el Avance:

  • Obras de vertebración regional y modernización de la red: nuevas carreteras, variantes de población, autovías y desdoblamiento de calzada, acondicionamientos de trazado y plataforma, obras de fábrica y estructuras, supresión de pasos a nivel y obras complementarias
  • Obras de mejora y reposición: mejoras de plataforma y firme
  • Actuaciones en medio urbano: accesos a poblaciones y acondicionamiento de travesías
  • Conservación y explotación

Por otro lado, en enero de 1992, dentro de las negociaciones sobre el sistema de finaciación autonómica para el periodo 1992-1996, la Junta de Castilla y León y la Administración Central acordaron la realización de inversiones en infraestructuras del transporte con el objeto de potenciar y vertebrar el corredor Burgos-León y el triángulo León-Astorga-Benavente mediante la construcción de vías de alta capacidad. Entre las actuaciones previstas se encontraba la autovía León-Burgos y su conexión con el eje León-Benavente, que sería financiada conjuntamente con una aportación autonómica del 80% y estatal del 20%. Para la realización de esta vía se constituyó en 1994 una sociedad pública denominada Sociedad de Gestión de Infraestructuras de Castilla y León (GICAL, S.A.), que tenía como objeto social el proyecto, desarrollo y construcción de obras públicas de infraestructuras necesarias para el interés público en la Región.

Por otro lado, en desarrollo de las competencias de la Junta de Castilla y León en materia de carreteras provinciales en 1989 se reguló la gestión del Plan Regional de Carreteras Provinciales, financiado con aportaciones del Gobierno regional y las respectivas Diputaciones Provinciales, estableciéndose la distribución de las primeras en función de determinados parámetros: la proporción del reparto entre las Diputaciones de la parte territorializada del Fondo de Cooperación Local, la longitud de carreteras provinciales, la longitud de carreteras de montaña (altitud superior a 800 m) y el estado de la red de cada provincia.

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Última actualización: 15 de junio de 2019

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